El Parlamento Europeo acaba de «levantar» (léase «retirar») la inmunidad al expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, y a los eurodiputados Antoni Comín y Clara Ponsatí, fugados de la Justicia española y refugiados los dos primeros en Bélgica y la tercera en Escocia desde la declaración de independencia de Cataluña y reclamados por el Tribunal Supremo en España, por organizar el referéndum ilegal del día 1 de octubre de 2017.

Puigdemont

El «levantamiento» de su inmunidad no significa que automáticamente sean deportados a España para ser juzgados por los presuntos delitos de sedición, desobediencia y malversación de fondos públicos, entre otros. Puigdemont, Comín y Ponsatí no fueron juzgados en su día precisamente por haberse fugado.

Comienza ahora un farragoso camino judicial, que contradice las afirmaciones «de urgencia» de la ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya. La ministra ha dicho que la decisión del Parlamento Europeo «demuestra que los asuntos de España se resuelven en España», pero lo cierto es que este «asunto de España» se está decidiendo en Europa, y que el Gobierno de Pedro Sánchez no va a demostrar prisa alguna porque Europa decida qué hacer con los tres prófugos, que siguen siendo eurodiputados.

Se pone en marcha la Justicia europea

Con el levantamiento de la inmunidad a Puigdemont, Comín y Ponsatí se reactiva el caso de la Euroorden ante la Justicia belga, ante la autoridad judicial de Escocia y en las oficinas de coordinación policial europea Sirene. e Interpol (éste último cuerpo policial, para el caso de que alguno de los tres fugados salieran del territorio de la Unión Europea y así pudieran ser detenidos en territorio extra comunitario).

En Bélgica, el juez encargado de ver la solicitud de extradición es Jan Coopens, el mismo que en primera instancia falló contra la extradición del «exconseller» Lluís Puig, lo que fue ratificado en segunda instancia por la Justicia belga, que considera que el Tribunal Supremo español «no es competente» para estos casos.

Los socios de Sánchez, en contra

 Para sacar adelante el levantamiento de la inmunidad a Puigdemont, Comín y Ponsatí han votado a favor los grupos europarlamentarios de los Populares, los Liberales, los ultraconservadores y los socialistas, que suman la mayoría necesario para aprobarlo. En contra han votado los grupos europarlamentarios de los Verdes (ERC, Catalunya en Comú) y La Izquierda (Podemos, IU, EH Bildu), así como el PNV (Renew).

Dicho de otra forma: han votado en contra todos los socios de gobierno de Pedro Sánchez, quien necesita su apoyo para sacar adelante sus iniciativas legislativas en España y, lo que es más para Sánchez, para poder acabar la legislatura actual en nuestro país.

«¿Prisas? No, gracias»

El Gobierno de Sánchez no va a tener ninguna prisa porque los tribunales de Bélgica y Escocia se pronuncien ante un dictamen que además es discutible, aunque haya sido aprobado por la Eurocámara, y recurrible. El ponente para los expedientes de Puigdemont, Comín y Ponsatí ha sido el mismo, cuando el procedimiento que contempla Europa es que haya un ponente para cada solicitud individual de levantamiento de inmunidad. Se trata del ultraconservador búlgaro Angel Dzhambazki, que puede ser considerado con «intereses de parte» porque está vinculado al mismo grupo de Vox, aunque también está relacionado con los flamencos nacionalistas de la N-VA, aliados políticos de los independentistas en Bélgica.

Prisas, lo que se dice prisas, no va a tener el Gobierno español porque se resuelva cuanto antes el expediente de los tres fugados de la Justicia española en los tribunales de Bélgica y Reino Unido, respectivamente. Pedro Sánchez tiene como vicepresidente de su Gobierno a Pablo Iglesias, que se ha declarado abiertamente partidario de un indulto a los secesionistas catalanes, que ahora gozan de privilegios penitenciarios porque el régimen carcelario en Cataluña depende de la Generalitat.

Además, ¿cómo podría Sánchez hacer compatible ese indulto solicitado por su vicepresidente, y de cuyo apoyo depende la supervivencia de su Gobierno, con un juicio y previsible condena a los tres fugados?

Inmunidad no es impunidad

El problema es que inmunidad no significa exactamente impunidad. La inmunidad que hoy han perdido Puigdemont, Comín y Ponsatí no les exime de responsabilidad penal por sus presuntos delitos cometidos; es decir, que nunca han tenido la condición de «impunes», ajenos a cualquier sanción o condena por saltarse la ley.

La cuestión es, por tanto, que si en Europa se decidiera de repente extraditar a los tres prófugos rápidamente, en esta legislatura, Pedro Sánchez no sabría qué hacer con ellos. Por un lado, la Justicia española tendría que proceder con independencia y someterles a juicio. Por el otro, la Fiscalía, que sí depende del Gobierno (como el propio Pedro Sánchez dejó claro, de manera un tanto chulesca y jactanciosa, durante el transcurso de una entrevista de radio) tendría que decidir cómo actuar contra los tres extraditados a España y procesados y ve3r qué cargos presentaría contra ellos para no «enfadar» a los socios nacionalistas e independentistas que tiene n el Congreso.

Una «patata caliente»

Puigdemont, Comín y Ponsatí van camino de convertirse en tres «patatas caliente» para el socialista Sánchez, cuya única y principal preocupación es mantenerse en el poder, con unos socios de los que no se fía (ni ellos de él) y con la obligación legal de perseguir el delito, sea quien sea quien lo perpetre.

Carles Puigdemont fue presidente de la Generalidad de Cataluña desde enero de 2016 hasta el 28 de octubre de 2017 y actualmente preside Junts per Catalunya. Político, periodista y diputado del Parlamento Europeo, siempre ha estado vinculado al «ala independentista» de su antiguo lpartido político, la extinta Convergencia Democrática de Cataluña (CDC). Fue alcalde de Gerona entre 2011 y 2016 y diputado de la VIII, IX y X legislaturas del Parlamento de Cataluña por Convergència i Unió, y en la XI legislatura por Junts pel Sí.

Se convirtió en presidente de la Generalidad de Cataluña tras las elecciones autonómicas de 2015, investido como «solución de compromiso» con la Candidatura de Unidad Popular, formación independentista que decidió impedir una nueva investidura de Artur Mas.

La «declaración de independencia» más breve de la historia

Durante su presidencia se impulsó y celebró el referéndum ilegal de independencia de Cataluña, el 1 de octubre de 2017, y declaró unilateralmente la independencia de Cataluña el día 27 del dicho mes.

Fue la «declaración unilateral de independencia» más breve de la historia universal, pues inmediatamente después de hacer la «declaración» anuncio su «suspensión».

Fue cesado como presidente autonómico el 28 de octubre de 2017, en cumplimiento del artículo 155 de la Constitución española.​ Puigdemont se fugó de España dejando literalmente «colgados» a sus compañeros de Gobierno, con los que se había comprometido a no huir para hacer frente a la Justicia española, y fue puesto «en busca y captura», acusado de presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos por la organización del referéndum y la declaración unilateral de independencia.​

Carles Puigdemont se instaló en Bélgica y concurrió como candidato a las elecciones al Parlamento Europeo de 2019, por lo que fue elegido eurodiputado.

Antoni Comín es un filósofo que ocupó el cargo de diputado del Parlamento de Cataluña desde 2015 hasta 2017, en la XI legislatura autonómica de Cataluña por la candidatura independentista Junts pel Sí, y diputado electo del Parlamento de Cataluña durante la VII y VIII legislatura por el Partido de los Socialistas de Cataluña. Desde 2020 es diputado del Parlamento Europeo.

Clara Ponsatí es economista, miembro de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y exconsejera de Enseñanza del Gobierno de Cataluña entre 2016 y 2017. Desde 2020 es diputada del Parlamento Europeo.