Estos son unos criterios que solo se han cambiado en la opinión de los requisitos nombrados según la Ley 12/2015, pero no cambian en los otros métodos que ya están, donde la normativa tiene décadas de antigüedad y los criterios son otros distintas. Hablamos de un apunte recogido por la ley y cuya información puede comprenderse por medio de su lectura o con el apoyo de un letrado de extranjería.

Según ello, existiría una supuesta “obligación” de “subsanar” los expedientes, de incorporarles genealogía, de agregarles informe de la FJCE y otras cuestiones.

No obstante, prácticamente todo el planeta pasa por prominente una cuestión primordial en este tema: la Ley 12/2015, que fue aprobada por el Parlamento de España (Congreso y Senado), tiene rango de Ley, y en el sistema constitucional solo tiene por arriba a la Constitución, pero bajo ella (inferiores y sin que logren jamás nunca contradecirla) están los Reales Decretos, Órdenes Ministeriales, Circulares o Normas o cualquier predisposición de rango inferior.

Esta Ley 12/2015, en su producto 2, establece algo muy contundente y primordial: y sucede que le da al NOTARIO un poder y un importancia EXCLUSIVO, en el momento de calificar y apreciar al solicitante de nacionalidad con el carácter de “sefardí” y su “particular vinculación con España”, para lo que la Ley le da el poder en única (producto 2.3) de producir el “juicio de notoriedad” y alzar “Acta”, sobre el carácter “sefardí” de cada individuo, y la citada “particular vinculación con España”.

Además de esto, según el producto 2.4, una vez el Notario emite ese juicio de notoriedad mandará el Acta al Ministerio de Justicia. Este trámite de emisión de juicio se efectúa, primeramente, tras la opinión de todos y cada uno de los documentos y pruebas presentadas en su grupo, teniéndolas presente en exactamente el mismo nivel o rango. Ejemplos de estos documentos y pruebas son los próximos: genealogía o informe de “apellidos del estirpe sefardí”, rabino local o del país, FJCE, ketuba o charlar ladino, y otro género de pruebas que puede integrar un sinnúmero de documentos (como documentación del rabido de EEUU, Canadá, etcétera.).

Tras esto, el Ministerio va a deber conseguir el informe de antecedentes penales españoles y el del CNI (para poder ver si el solicitante por poner un ejemplo es terrorista o afín). Pero si estos reportes van bien (el 99,9% de las situaciones de este modo es), la Ley afirma tajantemente lo que prosigue ahora: el Ministerio “va a deber entregar la nacionalidad”. Y afirma que la concederá, no como se detalla en otras Leyes en las que se charla de otorgar o denegar una autorización (así como sucede con las leyes de Urbanismo, de Inmigración, de Aguas, etcétera.).

Por consiguiente, la Ley le da al Notario un poder y una rivalidad, que jamás nunca el Ministerio de Justicia puede, más tarde, por Circular o Instrucción, recabarla para sí, como semeja que en algún caso está tratando realizar ilegalmente.

Todo intento, toda actuación, en este último sentido, va a ser radicalmente ilegal y también inconstitucional, y cualquier Tribunal (español o europeo o de donde sea) terminará anulando todo ello, por el hecho de que es imposible en el sistema legal, administrativo y constitucional llevar a cabo nada semejante, ya que vulneraría el principio de división de poderes ( o “checks and cómputos” en el sistema anglosajón como, por servirnos de un ejemplo, el de la Constitución de EEUU de 1787), la seguridad jurídica, el principio de jerarquía normativa (art. 9 de la Constitución de 1978). Y, asimismo, vulneraría radicalmente el trámite legalmente predeterminado en la Ley 12/2015 para la nacionalidad de españa sefardí, ya que esta Ley establece que es el Notario quien califica como sefardí, en única, y no da al Ministerio ningún poder ni rivalidad para comprobar nuevamente ningún expediente, por fundamentos ordinarios.

De ahí que, cualquier supuesta solicitud de la mal llamada “subsanación” está equivocada. Y sucede que, en el momento en que se ha firmado en un notario, ahora está acabado el trabajo de la Ley, y absolutamente nadie puede pedir estas subsanaciones, ya que “subsanar”, en lenguaje administrativo, tiene relación a “llenar algo que está mal o incompleto», y aquí no habría nada erróneo o de primordiales corrección, ya que el Notario ahora ha calificado como sefardí.

Se aconseja que para cualquier tema referente a derechos de extranjeros o sobre la Ley de Extranjería se asista a un profesional preparado, o sea, a un letrado de Extranjería que logre dar consejo y asistencia útiles en estas situaciones.

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Fuente: Comunicae